Los indicadores del consumo de energía en el país, encendieron las alarmas y podrían estar anunciando una crisis energética.  Se habla de curvas crecientes e incontenibles. A lo que se le suman el impacto en el medio ambiente y la realidad de estos recursos agotables que de acuerdo a cálculos, podrían alcanzar para 50 años, las reservas de petróleo y gas; y 100, las de carbón.

Esta situación, el panorama que plantea y la toma de medidas urgentes, fue tema de debate en la Comisión Quinta del Senado de la República, teniendo presente que el 70 % de la energía es hídrica, convirtiéndola en la fuente principal, le sigue, con un 12.3 % las termoeléctricas a gas natural, las térmicas de carbón con 9.3 %, los combustibles líquidos con 7.8 % y con un 1 %, la energía solar y eólica, que son renovable, y que para 2022, se estima pase al 12 %.

Este horizonte nos llevó a José David Name, Nora García, Alejandro Corrales y a mí, a tomar la iniciativa de modificar y adicionar algunos artículos de las leyes 56 de 1981, 143 de 1994 y la 1715 de 2014, además de otras disposiciones para la transición energética, la reactivación económica del país, y para el fortalecimiento de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible a través de la Ley de Transición Energética, PL 365 de 2020 Senado.

Las largas temporadas de sequía que golpean al país, sumadas a externalidades negativas de los proyectos hidroeléctricos que impactan fuertemente el medioambiente, y a las fallas protuberantes del cargo por confiabilidad, dejaron al país al borde del colapso energético.

Lo que lleva a la transición, dejando atrás la política energética orientada a grandes proyectos, basados en agua y combustibles fósiles que atentan contra el medio ambiente al no basarse en un desarrollo sostenible, y pasar a una matriz energética diversificada que trabaje con fuentes no convencionales de energías renovables como la solar y la eólica.  La expectativa es incrementar su generación y capacidad instalada  que de 50 megavatios, que equivalen a lo que requiere una ciudad como Ibagué, a más de 2.500, que es lo que demandan en conjunto, ciudades como Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena.  Poner esto en función reduciría nueve millones de CO2 (Dióxido de carbono), impactando benéficamente el ambiente.

La inversión para materializar este propósito del Gobierno y del Congreso con iniciativas como la Ley de Transición Energética, alcanza los $16 billones.  Se estima que la generación de empleos alcanzaría índices altísimos, introduciendo como novedad proyectos eólicos, solares, geotérmicos, de transmisión energética y otros que tendrán un gran impacto en la reactivación económica, que ayude el desarrollo de las regiones, lucha contra la pobreza y fortalecer nuestra clase media.

Con este proyecto Transición Energética, además de ampliar, se incentivan beneficios existentes y abre una nueva gama de acciones que favorecen aspectos tributarios, arancelarios, contables que permiten que estas nuevas energías resulten competitivas en el mercado.

Por otra parte la ineficiencia energética en el país tiene un alto costo (21 billones de pesos), que el presente proyecto quiere solucionar con la introducción de múltiples actores con más capacidad y experiencia, medidas en la demanda todo ello con un claro impacto en empleos y reactivación de la economía.